Vecinos de los barrios que circundan el mallín del kilómetro 12 volvieron a exigir a la Municipalidad y a las autoridades del barrio Casa de Piedra la concreción de una reunión “tres veces prometida” entre las juntas vecinales de la zona y el Departamento Provincial de Aguas (DPA), para que éste explique “cómo es que obligan una conexión (a la red) en un terreno sobre el mallín, ocupado y con multas e infracciones varias”.
Preocupados por el loteo, venta y construcción sobre terrenos de dudosa titularidad y en los que las obras están prohibidas por una Ordenanza de 2006, por encontrarse sobre el humedal, el grupo de “vecinos en defensa del mallín” viene denunciando una serie de situaciones irregulares. La última de estas fue la orden del DPA a la Junta Vecinal Casa de Piedra a “ceder agua a una ocupación de dueño desconocido y multada, que se ubica sobre el mallín”.
Cuando tomó notoriedad pública la denuncia de ese hecho, la Dirección de Juntas Municipales convocó para el pasado 29 de septiembre a una reunión entre vecinos, autoridades de los barrios Playa Serena, Nahuel Malal, Casa de Piedra y Pájaro Azul y un representante del DPA, que daría las explicaciones pertinentes.
Pero cuando los vecinos acudieron al encuentro, solo estaban el presidente de la Junta de Playa Serena y las autoridades de la Dirección. Los demás no habían sido convocados, con el argumento de que la dependencia municipal se había quedado sin Internet. Y en lugar del representante del DPA fue “alguien de Aguas Rionegrinas que, según dijo, no podría explicar nada. No sirvió de nada que estuviera”, relató a BRC Paula Nye, una de las vecinas que motoriza los reclamos.
Tras las disculpas por la situación, recuerdan los “vecinos del mallín”, desde la Dirección de Juntas Vecinales prometieron volver a convocar el encuentro para tratar el problema y sumar también a representantes de ARSA y de Medio Ambiente. Pero esa convocatoria no llegó, ni siquiera tras las cartas ingresadas en la Mesa de Entradas del Corralón municipal con la firma de los interesados.
“Lo único que nos llegó es una carta del DPA a un vecino particular, explicando las razones de por qué entregan agua a ocupaciones. Responden a un vecino, no quieren saber nada con los vecinos reunidos”, sostuvo Nye.
En esa misiva el DPA reconoce la solicitud de conexión al terreno denunciado aunque evita entrar en detalles. Se remite a la normativa vigente, habla de la existencia de un “poseedor de buena fe” (una figura que “se caracteriza por ser pública y notoria”) y omite hacer referencia a la prohibición de nuevas obras que rige en el mallín desde hace casi 20 años.
“Están esquivando esta reunión porque saben que tenemos razón”, analizó Nye, y recordó que lo que se está pidiendo es “que el DPA nos explique cómo es que obligan una conexión a un terreno sobre el mallín, ocupado, y con multas e infracciones varias”.
Si bien el área del mallín fue loteada en la década de 1930, las autorizaciones de nuevas obras allí fueron suspendidas a comienzos de los años 2000 por el riesgo ambiental que podrían conllevar.
La titularidad de esos terrenos, según un documento compartido por los denunciantes, pertenece a la familia Gessang Sandler y está administrada por el abogado Robert Eiletz. En esas tierras, según denuncian, se están efectuando usurpaciones ilegales y se están comercializando lotes en los lugares de construcción prohibida.
