“No resulta posible, aceptable ni viable avanzar con más urbanización” en el Cerro Catedral, advirtió la asociación civil Árbol de Pie respecto del proyecto que busca disponer 70 hectáreas de esa montaña para un desarrollo inmobiliario. La organización, que participa de esta discusión desde hace varios años, recordó que existen “suficientes razones ambientales, geológicas y legales para sostener esa posición”. Y cuestionó que de prosperar, la iniciativa conducirá a “la enajenación de uno de los bienes más importantes de nuestra ciudad”.
En una nota elevada este lunes al Concejo Municipal y a la Secretaría de Planeamiento, Árbol de Pie cuestionó que esa multiplicidad de razones, expuestas por la propia asociación civil en la audiencia pública de 2018, “fueron ignoradas, desestimadas y despreciadas por el gobierno municipal, culminando en una Ordenanza cuya constitucionalidad ha sido cuestionada”.
Participación ciudadana
En ese escrito la organización lamentó “el mal uso de los mecanismos de participación surgidos del trabajo de la propia comunidad y que las distintas gestiones políticas se han encargado de convertir en meras burocracias administrativas y han vaciado su sentido de creación”. En concreto, se refirió al Consejo de Planeamiento Estratégico (CPE) -que integró desde su primera conformación-, que no funcionó orgánicamente como tal desde 2019 ya que nunca más se logró el quórum necesario para funcionar.
A su entender, no están entre los objetivos de creación del CPE avalar un desarrollo urbanístico “inconveniente y desaconsejado por todas las razones expuestas”.
“Jamás avalaríamos la enajenación de uno de los bienes más importantes de nuestra ciudad, el Cerro Catedral, ya que no es explica, de ningún modo, cómo se puede hacer un desarrollo inmobiliario sin contar con la titularidad de la tierra”, denunció.
En este sentido, la Carta Orgánica establece en su artículo 18 que “el pueblo de San Carlos de Bariloche, a través de sus autoridades, reivindica el derecho excluyente sobre el Cerro Catedral y las tierras circundantes como porción inalienable de su patrimonio”.
Árbol de pie recordó que el reconocimiento de la jurisdicción municipal sobre el cerro Catedral, que se logró tras años de reclamos de Bariloche ante la Provincia, no se hizo “para negociarlas con un inversor oportunista”.
El proyecto
El Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental para el cerro Catedral se encuentra en la Unidad Coordinadora y, según adelantó el intendente Walter Cortés, en unas dos semanas ingresaría al Concejo Municipal para su tratamiento. Para ser aprobado, el proyecto requiere del voto de dos tercios de los once concejales.
De aprobarse, Catedral Alta Patagonia (Capsa) -la empresa que concesiona el centro de esquí- estaría habilitada a emprender un desarrollo inmobiliario que prevé la construcción de un hotel 1.200 metros de altura, así como áreas residenciales de uso permanente y temporario.
“Ese proyecto se viene discutiendo desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos haciendo cumplir la ordenanza. Lo cierto es que ahí hay 70 hectáreas que nadie las explota, que es monte y yuyo. Por otro lado, hay una necesidad real de la gente de tener su terreno propio. Nuestra posición es vender esas tierras en Catedral, para que hagan hoteles cinco estrellas, barrios, y obras de infraestructura en Villa Catedral, pero que haya inversiones para que gire la rueda, se genere trabajo y mano de obra para la gente de Bariloche”, dijo el mandatario en declaraciones a El Cordillerano.
“Esas 70 hectáreas, serán intercambiadas por 1.000 terrenos sociales para la gente que tanto necesita. Toda inversión que venga, voy a hacer que se quede en Bariloche y que no se vaya a otro lado”, agregó.
La iniciativa original comenzó a ser discutida a comienzos de 2018, después de que el entonces intendente Gustavo Gennuso firmara un acta de compromiso con Capsa para extender el contrato de concesión hasta 2056. Ese proyecto tenía dos ejes: un plan de mejoras para el centro de esquí, a ser finalizadas en 2023, y la propuesta urbano-turística.
Colapso de la infraestructura
Entre los cuestionamientos a la iniciativa que se conocieron en las últimas semanas destacó el análisis del ingeniero civil Ricardo Martin, asesor técnico del Bloque Incluyendo Bariloche, dado a conocer en agosto pasado.
Allí se señala que “el punto más crítico de este Plan Director está vinculado a la factibilidad de provisión de servicios básicos en el área. En particular, con relación al servicio de agua potable y energía eléctrica, que plantean enormes restricciones en la provisión a escala urbana”.
“No parece que este Plan Director aporte ninguna solución en este sentido para el interés público, de aprovechar las inversiones privadas futuras para dar respuesta a alguna necesidad de orden público en materia de provisión de servicios básicos de agua y electricidad”, se lee en ese documento. Al contrario, señala, con relación al servicio de energía eléctrica “no existe ninguna capacidad para abastecer los requerimientos que implicaría un desarrollo como el previsto”.
Para el ingeniero, habilitar un desarrollo inmobiliario con esta demanda potencial de energía eléctrica “equivale a condenar la ciudad a un colapso de su infraestructura”.
Con relación al servicio de agua potable, Marin escribió: “No parece interesante para la ciudad habilitar semejante desarrollo si no aporta en algo a solucionar las graves restricciones que en materia de captación, potabilización, almacenamiento y distribución de agua potable que tiene nuestra ciudad, pese a contar con suficientes fuentes de agua dulce en sus inmediaciones”.
