Así como no se puede tapar el sol con las manos, no puede negarse que Uber está en Bariloche. Es un hecho que funciona, que ofrece servicios de transporte y que tiene una demanda de viajeros que los solicita. El debate legislativo en torno a su regulación -así como la de otras plataformas digitales de transporte- abre interrogantes que se vienen discutiendo desde hace años en distintas ciudades del mundo. Y que cobran especial complejidad ante la ausencia de regulaciones nacionales que establezcan un marco jurídico. Entre estos destacan la responsabilidad de la plataforma y los derechos de sus trabajadores (¿son empleados o cuentapropistas?), así como la incertidumbre legal a la que se arriesgan tanto quienes sufren el déficit del transporte público local como quienes ven en estas app una oportunidad para sumar un ingreso en un contexto en el que el sueldo no alcanza.
El proyecto de Ordenanza de los ediles del PUL -que este jueves toma estado parlamentario en el Concejo Municipal- para regular el uso de estas plataformas aborda algunos de estos temas y también da cuenta de los límites a los que se enfrenta un municipio a la hora de lidiar con un gigante global que no pide permiso.
Uber llega sin pedir permiso
La llegada de facto de Uber a Bariloche no estuvo exenta de conflictos, tal como ocurrió en otras ciudades del mundo. Sin ir muy lejos, cuando en 2016 la aplicación desembarcó en Buenos Aires estallaron las disputas entre la empresa, el gobierno porteño y los taxistas, que percibieron de inmediato una amenaza: un nuevo competidor les disputaría los pasajeros sin la obligación de cumplir con la normativa de transporte que para ellos era obligatoria. La administración de Horacio Rodríguez Larreta declaró la ilegalidad de la plataforma. Pero fue como si se intentara contener el agua de un arroyo con un colador. Uber siguió funcionando y se multiplicaron por la capital las escenas de taxistas persiguiendo a choferes y pasajeros.
Otras ciudades de la región eligieron el camino de la regulación antes que el de la prohibición. San Pablo, según señala un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), estableció un decreto municipal en 2016 que buscó generar incentivos para aumentar la oferta de transporte privado en lugares donde el transporte público era deficitario y alejarlo de las zonas de mayor congestión. Además, estipuló el cobro de un canon por conducir por la provincia a través de plataformas. En La Paz, en tanto, Uber funciona desde 2017 bajo el reglamento municipal de servicio privado de transporte de pasajeros.
En varias ciudades de Europa la llegada de la app generó las mayores protestas de taxistas jamás vistas. La disputa llegó al Tribunal Europeo de Justicia, que en 2017 sentenció que no se trataba sólo de una plataforma digital sino de una empresa de transporte, y comenzó a exigir la obligatoriedad de licencias profesionales para los conductores. Pero luego dejó en los estados nacionales la capacidad de sancionar a la empresa ante los incumplimientos.
Hoy Uber opera en más de 10.000 ciudades alrededor del mundo, también en Bariloche.
Regulaciones posibles
En la Argentina todavía no hay una regulación nacional que le dé un marco jurídico federal a la expansión de estas plataformas. “Y en general los derechos nacionales son los que regulan asuntos como la responsabilidad de las empresas en relación a los derechos laborales, en relación a los datos personales, en relación a la comisión de delitos o infracciones que no son municipales”, explicó el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano, entrevistado en el programa Nada Personal de Radio con Vos Patagonia.
Y dijo que “eso deja en una posición algo frágil o débil a las municipalidades, a los municipios, que pocas herramientas legales tienen para, en principio, prohibir estas actividades, cosa que se ha demostrado como algo ineficiente porque la expansión de este modelo de negocios es un hecho”.
En este sentido, el proyecto de Ordenanza que lleva las firmas de Gerardo Del Río, Tomás Hercigonja y María del Carmen Coronado reconoce en sus fundamentos la emergencia de las plataformas de transporte de pasajeros como “fuente significativa de ingresos” para muchos vecinos de Bariloche.
Estas plataformas, dice el texto, “no solo han creado oportunidades de empleo para conductores locales, sino que también han permitido que muchas personas generen ingresos adicionales de manera flexible y adaptada a sus necesidades personales. La falta de regulación específica para estas plataformas puede llevar a situaciones de incertidumbre legal tanto para los usuarios como para los conductores, lo que podría impactar negativamente en la economía local”.
En esta línea, parece positivo asumir el uso de estas plataformas en lugar de prohibirlas, ya que con la prohibición lo que avanza es la clandestinidad del servicio.
Pero con el proyecto en debate el servicio de las plataformas dejaría de ser clandestino solo para los choferes. “Las empresas no serían responsables del servicio que prestan por sí”, precisó Ottaviano. Lo que no está en la norma “y difícilmente puede estar porque se trata de un municipio, es responsabilizar a las empresas de, por ejemplo, los daños o los incumplimientos a las medidas de seguridad de los choferes que manejan para esas plataformas”.
“Es decir, se regula la responsabilidad de los choferes frente a algunos incidentes, frente a lo que pueden regular los municipios, pero los municipios no tienen la fuerza de imponer sus regulaciones a la responsabilidad de las empresas”.
Según el especialista, lo que va a ocurrir es que se va a responsabilizar a los choferes, por ejemplo, de la falta de cobertura del seguro, por algún daño, por algún incidente o accidente que puede ocurrir.
Desprotección laboral
Tampoco se ha avanzado a nivel país con una protección de derechos laborales de los trabajadores de plataformas, y es difícil que suceda bajo la gestión de un gobierno libertario.
“Esto lo que implica es que los trabajadores de plataformas, ya sean choferes o repartidores u otros, no tienen derecho garantizado a la negociación colectiva, a la negociación con las empresas por el valor de su salario, en este caso la tarifa. Por supuesto no se les garantiza el derecho a organizarse sindicalmente y no tienen seguro de riesgos del trabajo, tienen solo seguros civiles”, destacó el abogado.
En definitiva, puntualizó, “no tienen ninguno de los derechos laborales que les corresponden a cualquier persona que trabaje por cuenta ajena”.
Sea por la flexibilidad horaria o por la posibilidad de generar ingresos extra, existe gran cantidad de personas que valoran realizar este tipo de trabajos. Del mismo modo, significan una solución para muchas otras que necesitan un trasladarse y no cuentan con medios de transporte.
Para el especialista en derecho laboral y tecnologías, “en el escenario distópico que plantea la economía de plataformas” para la vida de las personas es necesario “un abordaje federal e integral, inclusive a tono con las regulaciones globales, pero no necesariamente una política de prohibición y menos aún de estigmatización de las personas que trabajan en los sectores”.
El Consejo Municipal tiene por delante un desafío notable. Se verá cómo resuelve en lo local una problemática global.
