La intención del Ejecutivo barilochense de desregular el servicio de taxis y apartarse de su rol en la fijación de las tarifas -permitiendo que el precio del viaje se arregle entre particulares- generó rechazo entre los taxistas. “Una cosa es la libertad, la competencia, y otra cosa es el libertinaje. Lo que se está proponiendo es un libertinaje en el transporte”, consideró el presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis de Bariloche, Carlos Di Franco.
El titular de la entidad se refirió así al proyecto de Ordenanza 94-24, elaborado por el Ejecutivo barilochense, que recientemente ingresó al Consejo Municipal. En su artículo 1º, el texto propone dejar de considerar al taxi como un “servicio público”, lo que eximiría al Estado de regular la tarifa.
En cambio, delega en la Asociación de Propietarios de Taxis “la facultad de establecer las tarifas sugeridas del servicio”. A la vez, autoriza a que los choferes cobren “lo que indique el reloj taxímetro” o bien un valor determinado “por acuerdo libre entre las partes” (pasajero y conductor).
Al permitir el acuerdo entre particulares, “más allá de la posibilidad que te da, te la desestima por otro lado”, analizó Di Franco en diálogo con BRC, y abundó: “Le da al particular la libertad de hacer lo que quiera con un precio de referencia que pueda dar la entidad, pero del cual no dice que habrá que respetar”.
«La ruina de todo el transporte»
Según Di Franco, la tarifa de referencia que otorga el Estado municipal “es la que, sin quererlo, regula medianamente la tarifa de cualquier otra actividad relacionada al transporte”. Por eso su eliminación “va a llevar a la ruina de todo el transporte”, consideró.
El dirigente puso como ejemplo lo que sucede con los transportes de tarifa variable, como Uber, que establece los precios en función de la demanda de viajes. “El otro día, con la nevada, había una aplicación que cobraba 29 mil pesos hasta el aeropuerto. Está bien que lo haga, si la persona piensa que sí y acepta ese servicio y lo requiere. Ahora, el Estado tiene que regular y bregar para que esto no sea una estafa. Más allá de su necesidad, hay algunas cuestiones en que el Estado está para protegerte”.
En este sentido, cuestionó al concejal Tomás Hercigonja por ser quien presentó el proyecto en el Concejo. “Dice preocuparse tan fuertemente por el vecino, pero en el fondo no le interesa lo que le cobren el vecino. Dice que lo regule el mercado”.
El papel de las apps
El proyecto introduce la cuestión de las aplicaciones móviles, aunque como un complemento del taxi. En su artículo 5º estipula que el servicio de taxi “podrá ser completado” con servicios de comunicación como las “aplicaciones móviles de transporte”.
Consultado sobre si esto implica una habilitación formal al uso libre de apps como Uber, Di Franco fue contundente: “No, ahí no está hablando de adicionar otro servicio”.
“Por lo menos yo no lo entiendo así. Lo que dice es que el servicio de taxi podría usar aplicaciones. Después, la idea que ellos tengan por detrás, bueno, eso no lo sé, habría que preguntárselo a Hercigonja”, señaló. Pero “yo no veo que haya una apertura, no veo que estén habilitando aplicaciones. De todas maneras, lo están tratando los abogados”.
En este sentido, Di Franco aclaró que el problema no es sobre la introducción de la tecnología: “Con lo que no estamos de acuerdo es que cualquier persona pueda hacer transporte”.
El proyecto en debate
En los fundamentos del proyecto, el corrimiento del Estado de la fijación de la tarifa se justifica con un argumento liberal. “En una actividad que tiene muchos demandantes (los pasajeros) y muchos oferentes (taxistas y remiseros habilitados) el mejor regulador es la libre competencia, bajo la cual quien presta el servicio es quien determina el precio a que está dispuesto a prestarlo dependiendo las circunstancias de cada viaje”, se lee.
También se detalla que “el intendente ya ha dispuesto desde el Departamento Ejecutivo el otorgamiento de 100 nuevas licencias para suplir en parte esta oferta insuficiente”.
Pero, para garantizar un servicio acorde a la demanda, “no solo es necesario contar con más licencias habilitadas” sino que “también es necesario que el precio que se cobra tenga la flexibilidad necesaria para que en picos de demanda, no solo por turismo sino también por cuestiones climáticas, quienes están habilitados tengan el incentivo económico suficiente”.
Estos motivos, sumados a “la inflación y el consecuente incremento en los costos”, llevan al Ejecutivo a concluir que “la regulación que obliga al Municipio a fijar la tarifa del servicio de taxis sea ineficiente y necesite en consecuencia ser revisada”.
