En lo que va de este 2024 los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales perdieron más de un cuarto de su poder adquisitivo real, según un informe realizado por la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y la de San Martín (Unsam). El dato cobra relevancia en la víspera de un paro nacional convocado para este jueves por los gremios universitarios.

Mientras tanto, los bloques de la oposición esperan poder tratar este jueves en el Senado de la Nación el proyecto de aumento presupuestario para las universidades nacionales, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y es rechazado por el oficialismo, con el argumento de que pone en riesgo el superávit fiscal.

“En comparación con los aumentos acordados en 2023 (9 % para noviembre, 6 % para diciembre y 10 % para febrero de 2024), los aumentos decretados por el gobierno actual desplazaron a más del 85 % de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza”, detalla el informe de la UNRN.

La brecha más profunda

El trabajo pone la lupa sobre un “dato alarmante”. Mientras que la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y abril de 2024 fue del 114,5 %, “la pérdida salarial de los trabajadores docentes y no docentes universitarios con respecto al resto de los sectores productivos (privado, estatal y no registrados) es la más amplia de todas, con una brecha del 66,5 % entre los índices de inflación y los aumentos salariales acumulados”.

En comparación con la realidad salarial del resto de los docentes universitarios de América Latina, precisa el trabajo, “los docentes del sistema universitario argentino -el mejor rankeado de la región por su calidad académica, su investigación e innovación, su acceso y equidad, su historia y prestigio, su red internacional de colaboración y su contribuciuón social- son los que menos ganan”.

En esta línea, el 92 % de los docentes sin antigüedad cobra un salario por debajo de la línea de pobreza, una realidad que también alcanza al  87 % de los docentes con 10 años de antigüedad.

Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el “esfuerzo fiscal” que demandaría la actualización de recursos del sistema universitario es el equivalente al que se realiza para el blanqueo y los cambios en bienes personales, que actualmente benefician al 2 % más rico del país.