La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió levantar el paro de 48 horas previsto para jueves y viernes en PAMI luego de que el Gobierno desvinculara a Carlos Montenegro como jefe de la Unidad de Gestión de la obra social en Río Negro, en medio de un escándalo por el nombramiento de dos dirigentes cuestionados por los trabajadores.
Montenegro fue reemplazado por el médico de Cipolletti Juan Ignacio Viñals mientras las oficinas del PAMI en la provincia atravesaban la primera jornada de un paro para denunciar el manejo de datos sensibles de los afiliados por parte de funcionarios sin nombramiento específico.
La salida del funcionario se resolvió en una conversación que tuvo la conducción nacional de ATE con el director Ejecutivo de PAMI a nivel nacional, Esteban Leguizamo, “y se está esperando el ingreso del nuevo director ejecutivo para que dé respuestas”, dijo a BRC Fabián Tummino, médico asistente y delegado de ATE Río Negro.
Junto al cambio de autoridades, señaló Tummino, está “el compromiso de que también estas dos personas, Zúñiga y Bianchi, se vayan del PAMI”. También “que vuelvan a poner en el mismo cargo a la compañera Norma Galván, que estaba a cargo de la coordinación de Prestaciones Médicas, y después para que empiece la resolución de los problemas prestacionales que veníamos planteando”.
“Como un gesto de buena voluntad, y hasta tanto tengamos la reunión con el nuevo director Ejecutivo, se levantó la medida”, siguió el delegado. Y aclaró que si la reunión con el designado nuevo jefe “es fructífera, seguiremos trabajando con normalidad y tratando de ir recuperando las prestaciones. Y si no hay una respuesta tras un breve y lógico lapso para darle el tiempo para que ejerza sus funciones, iniciaremos nuevas medidas de fuerza que se irán discutiendo en asamblea”.
Designaciones cuestionadas
Esta etapa de conflicto se desencadenó con la remoción de Norma Galván como titular de la Coordinación de Políticas Sociales del PAMI en General Roca. Empleada de carrera, con título de trabajadora social y más de 15 años en el puesto, “ejercía un cargo que trascendía las gestiones” gubernamentales en “un área muy sensible en términos sociales”, señaló a BRC Iván Greppi, delegado de ATE en PAMI.
En una Resolución poco precisa de finales de abril, en reemplazo de Galván fue nombrado Ariel Arturo Alejandro Zúñiga Zúniga. Los trabajadores denuncian que junto al también ingresante Raúl Bianchi “se movieron dentro de la Unidad de Gestión Local ubicada en General Roca, en este último mes, sin ningún tipo de explicación de cómo fueron sus designaciones, sin ningún tipo de presentación. Estuvieron dentro del instituto y manejaron datos sensibles de los jubilados”.
“Estamos hablando de una obra social. Cuando digo datos sensibles hablo de datos de salud, de tratamiento oncológico, de prestaciones, de contratos, de contrataciones, de proveedores”, precisó Greppi. E hizo hincapié en que esto sucedió “sin una designación, sin una presentación y removiendo a una persona de plan de carrera”.
El delegado de ATE afirmó que tenían “la palabra empeñada del director provincial de que las designaciones políticas no iban a remover a gente de carrera y de planta, y esa palabra no se cumplió”.
La actualidad del PAMI
La obra social de los jubilados atraviesa “un desfinanciamiento progresivo”, definió Fabián Tummino.
Según describió a BRC, hay un problema de fondo sin vías de resolución: “Nos manejamos con el aporte de trabajadores activos y pasivos, y cada vez hay menos trabajadores en relación de dependencia. Encima hay despidos, cada vez disminuye el aporte, con una población envejecida, cada vez tenemos más jubilados y jubilados”.
A esta situación se suma el aumento de las prestaciones a causa de la inflación, además de que buena parte del material médico que se utiliza es importador y tiene un valor atado al dólar.
“Los valores que se están manejando con los subsidios y demás quedaron muy por debajo de lo que, por ejemplo, cualquier cuidador domiciliario puede pedir”, cuestionó Tummino.
“También tenemos un problema con los medicamentos. De los seis medicamentos que dábamos por subsidio social, rápidamente lo bajaron a cinco, y esto va a seguir avanzando. Los medicamentos que teníamos por Vademecun (bonificados) al 100% se van perdiendo del listado y nos vamos enterando por la farmacia, no por ninguna resolución de PAMI”.
A esto, según precisó el delegado, se suma la demora en la llegada de medicamentos oncológicos e insumos quirúrgicos, la falta de arribo de audífonos, la demora en los reintegros y en general la pérdida de prestaciones “porque con los valores no actualizados muchos prestadores y especialidades no quieren seguir trabajando”.
También pesan las condiciones en las que trabajan en las oficinas del organismo desde que el hackeo del año pasado arruinó las computadoras que usaban los empleados. “Estamos trabajando las dos agencias y el resto de la provincia con la mitad de las computadoras, cuando está todo informatizado. Tenemos áreas de las agencias que están sin luz, tenemos las dos agencias con el problema del alquiler judicializado y no sabemos en qué momento nos desalojan”, graficó Tummino. “La verdad que es todo un desastre”.
