Un historial de avances, retrocesos y denuncias envuelve al mallín del kilómetro 12 de Avenida Bustillo, uno de los principales humedales de la ciudad. Pese a la prohibición de emprender nuevas obras en el área, hace un tiempo que se realizan allí trabajos de limpieza con el objetivo de comercializar un “loteo ilegal”, según viene denunciando un grupo de vecinos. De avanzar, alertan, estaría en riesgo el ecosistema del mallín.
Ante la denunciada falta de respuestas por parte de autoridades municipales y barriales sobre lo que sucede con la “ocupación ilegal” en esa zona, y con la idea de debatir sobre cómo “proteger y defender nuestro patrimonio natural”, los “vecinos en defensa del Mallín” convocaron a una reunión el sábado 21 a las 19 horas en la casita de la Junta Vecinal Don Orione.
Si bien el área del mallín fue loteada en la década de 1930, las autorizaciones de nuevas obras allí fueron suspendidas a comienzos de los años 2000 por el riesgo ambiental que podrían conllevar. El debate de aquel entonces tuvo similitudes con el actual, aunque contó con una participación de autoridades municipales y provinciales que hoy parece no tener lugar.
La titularidad de esos terrenos, según un documento compartido por el grupo de vecinos de los barrios Pájaro Azul, Nahuel Malal y Casa de Piedra, pertenece a la familia Gessang Sandler y está administrada por Robert Eiletz, un abogado conocido por haber ganado al Municipio un importante litigio por expropiación de tierras.
Una discusión que vuelve
El mallín del kilómetro 12, un ecosistema de 32 hectáreas, “podría terminar arrasado si no se revierte el loteo realizado en 1938”.
Esa advertencia de suma actualidad fue publicada en octubre de 2004 por el diario Río Negro. La noticia daba cuenta de una reunión celebrada entre concejales, funcionarios provinciales y técnicos del municipio para “redefinir el status urbanístico del ‘mallín del kilómetro 12’ y suspender autorizaciones de nuevas obras hasta que se produzca la adecuación normativa”.
Allí se advertía sobre “el riesgo de una urbanización inadecuada”, se señalaba que que de las 36 hectáreas de mallín “solo 18 hectáreas no tienen ocupación en la actualidad” y se afirmaba que “el avance de obras y proyectos sin un marco regulatorio específico genera un situación crítica que demanda una urgente resolución”.
También se mencionaba una deuda que por entonces alcanzaba el millón de pesos -de esa época, cuando el valor del dólar era de 2,9 pesos-, atribuida a una “sociedad alemana que adquirió una importante fracción mediante un plan de pagos y ya inició el rellenado de los lotes”.
Una Resolución municipal del 2006 terminó por prohibir la autorización de nuevas obras en el mallín. Y la protección de los humedales quedó establecida en la Carta Orgánica de 2007, que en su artículo 185 señala: “La Municipalidad protege y regula el uso racional de los humedales (mallines) dentro del ejido, favoreciendo el mantenimiento de los mismos en su estado natural”.
Pero el mantenimiento de ese estado natural se vio amenazado en los últimos años.
Ocupaciones, multas y obras ilegales
El documento compartido por los “vecinos en defensa del Mallín” da cuenta de al menos cuatro intentos de ocupación y construcción en el área protegida en los últimos ocho años:
- En 2016 la asociación civil Árbol de pié denunció la construcción de una platea fuera de código en uno de los terrenos atribuidos a la familia Gessang Sandler (manzana 523- lotes 1 a 4) sobre Av. Bustillo. De esta situación, precisa el documento, “se registran 2 Actas de infracción emitidas en 2016 a Gessang Sandler por construcción de platea sin permiso y a menos de 15 mts de banquina de Av. Bustillo entre Blest y Berlina: Actas 025360 y 025567”.
Las multas no fueron respondidas y la obra continuó. “La familia propietaria Gessang Sandler nunca se presenta a pagar ni tampoco el abogado Eilletz hace ninguna presentación”, detalla el documento, y afirma que hoy esos cuatro lotes son propiedad de un hombre que comenzó a usucapir desde 2017.
- “Durante la Pandemia se legitima una ocupación en Calle 7- esquina 4, cuando la Junta Vecinal le otorga el servicio de agua”.
- En febrero de 2023 se produce una nueva ocupación, “esta vez en la manzana 551- lote calles 2 y 7 sobre el Mallín-”, en el sector Casa de Piedra. Ante el movimiento de maquinarias, camionetas 4 x 4 y una cuadrilla de 6 trabajadores, los vecinos se acercan a consultar. Allí un Sr. de nombre Tellez les informa que se dispone a desmontar para lotear y vender toda la manzana 551 (2 lotes de 1800 m2 a 140.000 dólares y 6 lotes de 600 m2 a 100.000 dolares)”.
Como en 2016, afirman los vecinos, se labraron actas de infracción pero “nadie las firma porque siempre hay obreros y nunca está el responsable de la obra”. Además, “la ocupación recibe también infracción de Obras Particulares: Gessang nunca aparece a pagar las infracciones o defender su propiedad y el abogado a cargo Roby Eilletz no entrega a los vecinos datos concretos ni de la familia Gessang ni de la ocupación ilegal”.
- En Mayo del 2023, “los vecinos de Nahuel Malal detectan una nueva ocupación sobre el Mallín, sector Nahuel Malal y la misma es desalojada en un par de meses por el Municipio”.
La alarma volvió a sonar
En noviembre pasado el entonces secretario de Desarrollo Urbano de Bariloche, Claudio Otano, constató los trabajos de construcción sin habilitación denunciados por los vecinos y solicitó medidas cautelares. Entre ellas, la prohibición de innovar en los inmuebles identificados y el secuestro de herramientas y maquinarias utilizadas para la construcción. Las inspecciones revelaron además que los titulares registrales ya habían fallecido y tenían múltiples propiedades.
En declaraciones publicadas por la prensa aseguró que “no hay chances de construir nada en ese lugar” y se remitió a las resoluciones de comienzos de los ‘2000 que prohibían las nuevas obras. “Ese predio está abandonado porque forma parte de una sucesión que está sin resolución desde hace muchos años. En un mallín, las parcelas se inundan periódicamente. Por eso, para proteger cualquier intervención en una zona tan frágil ambientalmente, el estado suspende los permisos de obra”, subrayó.
Pese a la normativa, el debate y las restricciones, el alerta volvió a sonar a mediados de 2024, cuando -según denunciaron nuevamente los vecinos organizados- el Departamento Provincial de Aguas (DPA) obligó a la Junta Vecinal Casa de Piedra a proveer el servicio de agua a la nueva ocupación (la de febrero de 2023).
Este historial de avances, retrocesos y ocupaciones genera en los vecinos del lugar más preguntas que respuestas, según han admitido. Ante la falta de información oficial, llamaron a la comunidad a acercarse al encuentro del sábado para proteger el ambiente y la salud: “La participación de cada ciudadano es fundamental”.
